Titularidad compartida en las explotaciones agrarias

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1. Presentación de la política pública

La Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, es una política pública impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España, cuyo objetivo es promover la igualdad de género en el ámbito rural. Esta ley tiene como finalidad visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres en el sector agrario, proporcionando igualdad de derechos y responsabilidades en la gestión y titularidad de las explotaciones agrarias.

Tipo de política y ámbito de intervención

Esta política es de tipo legislativo y tiene un enfoque en la igualdad de género en el sector rural. Su ámbito de intervención es el de las explotaciones agrarias en España, un sector donde las mujeres han estado históricamente invisibilizadas a pesar de su importante contribución. La ley busca garantizar que las mujeres que participan en el trabajo agrario sean reconocidas legal y formalmente como copropietarias de las explotaciones, dándoles acceso a derechos laborales, fiscales y de seguridad social.

Contexto institucional

La ley fue impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con otras instituciones y organismos encargados de la igualdad de género, como el Instituto de las Mujeres. En el contexto de las políticas públicas en España, esta legislación se enmarca en el esfuerzo por mejorar la igualdad de oportunidades y promover la equidad en áreas tradicionalmente dominadas por hombres, como es el caso del sector agrario​.

 

2. Análisis de la política pública

La Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias aborda varios ámbitos clave de discriminación de género en el sector rural, un espacio donde las mujeres han sido tradicionalmente invisibilizadas a pesar de su contribución significativa. A continuación, se analiza su impacto en tres dimensiones:

ROLES: Impacto en los roles de género

Esta política tiene un impacto directo en los roles de género al reconocer legalmente a las mujeres como copropietarias de las explotaciones agrarias. Históricamente, el sector agrario ha atribuido un rol secundario a las mujeres, considerándolas como ayudantes no remuneradas o sin ningún reconocimiento legal formal en las actividades del campo. Esta ley permite modificar este paradigma al reconocer el trabajo de las mujeres como gestoras y copropietarias de las explotaciones agrarias, lo que desafía el rol tradicionalmente asignado a ellas y fomenta una distribución más equitativa de las responsabilidades dentro de las familias rurales. Además, promueve una mayor visibilidad de las mujeres en actividades económicas formalmente reconocidas, lo que puede contribuir a cambiar percepciones sobre los roles de género en el ámbito rural.

RECURSOS: Efecto en el acceso igualitario a recursos económicos y materiales

La ley también impacta en el acceso a recursos económicos. Antes de la entrada en vigor de la Ley 35/2011, muchas mujeres trabajaban en las explotaciones agrarias sin ningún tipo de remuneración ni acceso a los beneficios fiscales y de seguridad social. Con la titularidad compartida, las mujeres tienen derecho a acceder de manera equitativa a los ingresos generados por la explotación agraria, así como a recursos financieros (subvenciones, créditos) y beneficios fiscales. Además, esta ley garantiza el acceso a la protección social, incluyendo la cotización a la Seguridad Social, algo fundamental para asegurar una pensión en igualdad de condiciones a largo plazo. Esto representa un avance clave hacia la igualdad de género, al permitir que las mujeres puedan asegurar su autonomía económica y su futuro financiero.

REPRESENTACIÓN: Papel de las mujeres en las decisiones y relaciones de poder

La ley tiene un efecto importante en la representación de las mujeres en las decisiones sobre la explotación agraria. Al ser reconocidas como copropietarias, las mujeres pasan a tener un papel activo y formal en la toma de decisiones sobre la gestión de las explotaciones, un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. Este cambio promueve la igualdad de poder en las relaciones familiares y laborales dentro del contexto agrario, ya que las mujeres no solo son visibles como trabajadoras, sino también como responsables de la gestión y planificación de las actividades productivas. La ley, por lo tanto, fomenta una mayor participación de las mujeres en la gobernanza económica y en las estructuras de decisión del mundo rural, permitiendo que puedan influir directamente en la dirección de las explotaciones agrarias.

 

3. Impacto y resultados de la política pública

La Ley 35/2011, a pesar de su importancia como herramienta para fomentar la igualdad de género en el ámbito rural, ha tenido una implementación limitada en cuanto al número de beneficiarias. Las principales personas beneficiarias de esta política son las mujeres rurales que trabajan en explotaciones agrarias familiares y que, antes de esta ley, no contaban con el reconocimiento legal ni económico de su contribución. Aunque esta ley está dirigida a promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la gestión agraria, el número de explotaciones que se han acogido a la titularidad compartida ha sido relativamente bajo desde su entrada en vigor.

Beneficiarias y características

• Mujeres rurales que tradicionalmente han trabajado en las explotaciones agrarias familiares, a menudo sin reconocimiento legal ni acceso a recursos financieros.
• Mujeres que desempeñan labores agrarias pero no figuran como titulares de las explotaciones, lo que las excluye de los beneficios fiscales, económicos y sociales.
• Familias rurales que desean formalizar la corresponsabilidad en la gestión de las explotaciones y, con ello, acceder a beneficios económicos para ambos cónyuges.

Impacto

El impacto directo de esta política ha sido mejorar el acceso de las mujeres a derechos y recursos derivados de la explotación agraria, tales como:

• Acceso a la protección social: Las mujeres pueden cotizar a la Seguridad Social y acceder a pensiones, lo que les garantiza mayor seguridad económica a largo plazo.
• Reconocimiento formal del trabajo agrario: Se ha visibilizado el papel de las mujeres como gestoras y copropietarias en las explotaciones, lo que les otorga un mayor poder de decisión en el ámbito familiar y económico.
• Acceso a subvenciones y recursos financieros: La ley permite que las mujeres puedan acceder a ayudas públicas y subvenciones agrarias, que anteriormente solo podían solicitarse por parte del titular masculino.

 

4. Puntos fuertes y debilidades de la política pública

La Ley 35/2011 presenta una serie de fortalezas importantes, especialmente en su objetivo de promover la igualdad de género en el ámbito agrario. No obstante, también enfrenta debilidades que han limitado su aplicación y efectividad en el tiempo. A continuación, se detallan los puntos fuertes y las debilidades de esta política pública.

Puntos fuertes

ü  Reconocimiento legal del trabajo de las mujeres rurales: La principal fortaleza de esta ley es que otorga reconocimiento formal y legal a las mujeres que, tradicionalmente, han trabajado en las explotaciones agrarias familiares sin recibir compensación económica ni derechos asociados a su labor. Este reconocimiento no solo dignifica su trabajo, sino que también les garantiza derechos económicos y de protección social, como la cotización a la Seguridad Social y el acceso a pensiones. Es un avance significativo en la lucha contra la invisibilidad de las mujeres en el sector agrario.

ü    Mejora del acceso a recursos y beneficios económicos: La titularidad compartida permite que las mujeres accedan a subvenciones, ayudas públicas, créditos y beneficios fiscales en igualdad de condiciones con los hombres. Anteriormente, los recursos y ayudas estatales para el desarrollo agrario solo podían ser solicitados por los titulares (normalmente hombres), lo que excluía a las mujeres de participar activamente en la gestión económica de las explotaciones.

ü   Fomento de la corresponsabilidad en la gestión familiar: Al formalizar la copropiedad de las explotaciones agrarias, la ley impulsa una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones sobre la gestión de las fincas. Esto supone un cambio cultural en muchas familias rurales, donde tradicionalmente los hombres han ejercido el control exclusivo sobre la explotación. La ley promueve una gestión equitativa que refuerza la posición de las mujeres en la toma de decisiones familiares y económicas.

Debilidades

Ø  Baja adopción de la ley: Uno de los principales puntos débiles de esta política es que ha tenido una escasa adopción desde su promulgación. Según los datos, el número de explotaciones que se han acogido a la titularidad compartida ha sido muy bajo. Esto puede deberse a la falta de difusión de la ley y a la desinformación entre las mujeres rurales sobre los beneficios que podrían obtener al acogerse a ella. Sin un esfuerzo más fuerte en campañas informativas y programas de sensibilización, la ley seguirá siendo subutilizada.

Ø   Resistencia cultural y social: En algunas zonas rurales, persisten actitudes y roles tradicionales que dificultan la implementación efectiva de la titularidad compartida. En muchos casos, los hombres siguen siendo reticentes a compartir la titularidad formal de las explotaciones con sus cónyuges o familiares mujeres, lo que limita el alcance de la ley. Esta resistencia cultural puede ser un obstáculo importante para lograr la igualdad de género en el ámbito rural, donde las costumbres familiares y la división de roles de género son muy marcadas.

Ø  Burocracia y dificultades administrativas: Algunas mujeres han señalado que el proceso administrativo para acogerse a la titularidad compartida es complejo y requiere demasiados trámites. La burocracia asociada puede desincentivar a muchas mujeres y familias para formalizar la copropiedad. Es necesario simplificar los procedimientos para que más explotaciones se beneficien de la ley sin enfrentar barreras administrativas.

Ø   Falta de incentivos específicos: La ley carece de incentivos adicionales que motiven a las explotaciones a adoptar la titularidad compartida. Aunque ofrece beneficios como el acceso a recursos y protección social, no existen medidas específicas que hagan más atractiva la adopción de la titularidad compartida en comparación con el sistema tradicional de titular único. Sin incentivos adicionales (económicos, fiscales o de acceso prioritario a subvenciones), la adopción de la ley podría seguir siendo limitada.

La Ley 35/2011 es una política con gran potencial para mejorar la igualdad de género en el ámbito rural, y sus fortalezas radican en el reconocimiento legal del trabajo de las mujeres, el acceso igualitario a recursos económicos y la promoción de la corresponsabilidad familiar. Sin embargo, su escasa adopción, las barreras culturales, la burocracia y la falta de incentivos específicos limitan su impacto. Es fundamental abordar estas debilidades para maximizar los beneficios de esta política y lograr una implementación efectiva en todo el país.

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