Titularidad compartida en las explotaciones agrarias
#AprendeIgualdad
1. Presentación de la política
pública
La Ley 35/2011, de 4 de octubre,
sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, es una política
pública impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
de España, cuyo objetivo es promover la igualdad de género en el ámbito rural.
Esta ley tiene como finalidad visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres
en el sector agrario, proporcionando igualdad de derechos y responsabilidades
en la gestión y titularidad de las explotaciones agrarias.
Tipo de política y ámbito de
intervención
Esta política es de tipo legislativo
y tiene un enfoque en la igualdad de género en el sector rural. Su ámbito de
intervención es el de las explotaciones agrarias en España, un sector donde las
mujeres han estado históricamente invisibilizadas a pesar de su importante
contribución. La ley busca garantizar que las mujeres que participan en el
trabajo agrario sean reconocidas legal y formalmente como copropietarias de las
explotaciones, dándoles acceso a derechos laborales, fiscales y de seguridad
social.
Contexto institucional
La ley fue impulsada por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con otras instituciones y
organismos encargados de la igualdad de género, como el Instituto de las
Mujeres. En el contexto de las políticas públicas en España, esta legislación
se enmarca en el esfuerzo por mejorar la igualdad de oportunidades y promover
la equidad en áreas tradicionalmente dominadas por hombres, como es el caso del
sector agrario.
2. Análisis de la política
pública
La Ley 35/2011 sobre titularidad
compartida de las explotaciones agrarias aborda varios ámbitos clave de discriminación
de género en el sector rural, un espacio donde las mujeres han sido
tradicionalmente invisibilizadas a pesar de su contribución significativa. A
continuación, se analiza su impacto en tres dimensiones:
ROLES: Impacto en los roles
de género
Esta política tiene un impacto
directo en los roles de género al reconocer legalmente a las mujeres como copropietarias
de las explotaciones agrarias. Históricamente, el sector agrario ha atribuido
un rol secundario a las mujeres, considerándolas como ayudantes no remuneradas
o sin ningún reconocimiento legal formal en las actividades del campo. Esta ley
permite modificar este paradigma al reconocer el trabajo de las mujeres como gestoras
y copropietarias de las explotaciones agrarias, lo que desafía el rol
tradicionalmente asignado a ellas y fomenta una distribución más equitativa de
las responsabilidades dentro de las familias rurales. Además, promueve una
mayor visibilidad de las mujeres en actividades económicas formalmente
reconocidas, lo que puede contribuir a cambiar percepciones sobre los roles de
género en el ámbito rural.
RECURSOS: Efecto en el
acceso igualitario a recursos económicos y materiales
La ley también impacta en el
acceso a recursos económicos. Antes de la entrada en vigor de la Ley 35/2011,
muchas mujeres trabajaban en las explotaciones agrarias sin ningún tipo de remuneración
ni acceso a los beneficios fiscales y de seguridad social. Con la titularidad
compartida, las mujeres tienen derecho a acceder de manera equitativa a los ingresos
generados por la explotación agraria, así como a recursos financieros
(subvenciones, créditos) y beneficios fiscales. Además, esta ley garantiza el
acceso a la protección social, incluyendo la cotización a la Seguridad Social,
algo fundamental para asegurar una pensión en igualdad de condiciones a largo
plazo. Esto representa un avance clave hacia la igualdad de género, al permitir
que las mujeres puedan asegurar su autonomía económica y su futuro financiero.
REPRESENTACIÓN: Papel de
las mujeres en las decisiones y relaciones de poder
La ley tiene un efecto importante
en la representación de las mujeres en las decisiones sobre la explotación
agraria. Al ser reconocidas como copropietarias, las mujeres pasan a tener un
papel activo y formal en la toma de decisiones sobre la gestión de las
explotaciones, un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. Este cambio
promueve la igualdad de poder en las relaciones familiares y laborales dentro
del contexto agrario, ya que las mujeres no solo son visibles como
trabajadoras, sino también como responsables de la gestión y planificación de
las actividades productivas. La ley, por lo tanto, fomenta una mayor
participación de las mujeres en la gobernanza económica y en las estructuras de
decisión del mundo rural, permitiendo que puedan influir directamente en la
dirección de las explotaciones agrarias.
3. Impacto y resultados de la
política pública
La Ley 35/2011, a pesar de su
importancia como herramienta para fomentar la igualdad de género en el ámbito
rural, ha tenido una implementación limitada en cuanto al número de
beneficiarias. Las principales personas beneficiarias de esta política son las mujeres
rurales que trabajan en explotaciones agrarias familiares y que, antes de esta
ley, no contaban con el reconocimiento legal ni económico de su contribución.
Aunque esta ley está dirigida a promover la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres en la gestión agraria, el número de explotaciones que se han acogido
a la titularidad compartida ha sido relativamente bajo desde su entrada en
vigor.
Beneficiarias y
características
- Mujeres rurales que tradicionalmente han trabajado
en las explotaciones agrarias familiares, a menudo sin reconocimiento
legal ni acceso a recursos financieros.
- Mujeres que desempeñan labores agrarias pero no
figuran como titulares de las explotaciones, lo que las excluye de los
beneficios fiscales, económicos y sociales.
- Familias rurales que desean formalizar la
corresponsabilidad en la gestión de las explotaciones y, con ello, acceder
a beneficios económicos para ambos cónyuges.
Impacto
El impacto directo de esta
política ha sido mejorar el acceso de las mujeres a derechos y recursos
derivados de la explotación agraria, tales como:
- Acceso a la protección social: Las mujeres pueden
cotizar a la Seguridad Social y acceder a pensiones, lo que les garantiza
mayor seguridad económica a largo plazo.
- Reconocimiento formal del trabajo agrario: Se ha
visibilizado el papel de las mujeres como gestoras y copropietarias en las
explotaciones, lo que les otorga un mayor poder de decisión en el ámbito
familiar y económico.
- Acceso a subvenciones y recursos financieros: La
ley permite que las mujeres puedan acceder a ayudas públicas y
subvenciones agrarias, que anteriormente solo podían solicitarse por parte
del titular masculino.
4. Puntos fuertes y debilidades de
la política pública
La Ley 35/2011 presenta una serie
de fortalezas importantes, especialmente en su objetivo de promover la igualdad
de género en el ámbito agrario. No obstante, también enfrenta debilidades que
han limitado su aplicación y efectividad en el tiempo. A continuación, se
detallan los puntos fuertes y las debilidades de esta política pública.
Puntos fuertes
ü Reconocimiento legal del trabajo de las mujeres
rurales: La principal fortaleza de esta ley es que otorga reconocimiento formal
y legal a las mujeres que, tradicionalmente, han trabajado en las explotaciones
agrarias familiares sin recibir compensación económica ni derechos asociados a
su labor. Este reconocimiento no solo dignifica su trabajo, sino que también
les garantiza derechos económicos y de protección social, como la cotización a
la Seguridad Social y el acceso a pensiones. Es un avance significativo en la
lucha contra la invisibilidad de las mujeres en el sector agrario.
ü Mejora del acceso a recursos y beneficios
económicos: La titularidad compartida permite que las mujeres accedan a subvenciones,
ayudas públicas, créditos y beneficios fiscales en igualdad de condiciones con
los hombres. Anteriormente, los recursos y ayudas estatales para el desarrollo
agrario solo podían ser solicitados por los titulares (normalmente hombres), lo
que excluía a las mujeres de participar activamente en la gestión económica de
las explotaciones.
ü Fomento de la corresponsabilidad en la gestión
familiar: Al formalizar la copropiedad de las explotaciones agrarias, la ley
impulsa una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la toma de
decisiones sobre la gestión de las fincas. Esto supone un cambio cultural en
muchas familias rurales, donde tradicionalmente los hombres han ejercido el
control exclusivo sobre la explotación. La ley promueve una gestión equitativa
que refuerza la posición de las mujeres en la toma de decisiones familiares y
económicas.
Debilidades
Ø Baja adopción de la ley: Uno de los principales
puntos débiles de esta política es que ha tenido una escasa adopción desde su
promulgación. Según los datos, el número de explotaciones que se han acogido a
la titularidad compartida ha sido muy bajo. Esto puede deberse a la falta de
difusión de la ley y a la desinformación entre las mujeres rurales sobre los
beneficios que podrían obtener al acogerse a ella. Sin un esfuerzo más fuerte
en campañas informativas y programas de sensibilización, la ley seguirá siendo
subutilizada.
Ø Resistencia cultural y social: En algunas zonas
rurales, persisten actitudes y roles tradicionales que dificultan la implementación
efectiva de la titularidad compartida. En muchos casos, los hombres siguen
siendo reticentes a compartir la titularidad formal de las explotaciones con
sus cónyuges o familiares mujeres, lo que limita el alcance de la ley. Esta resistencia
cultural puede ser un obstáculo importante para lograr la igualdad de género en
el ámbito rural, donde las costumbres familiares y la división de roles de
género son muy marcadas.
Ø Burocracia y dificultades administrativas:
Algunas mujeres han señalado que el proceso administrativo para acogerse a la
titularidad compartida es complejo y requiere demasiados trámites. La burocracia
asociada puede desincentivar a muchas mujeres y familias para formalizar la
copropiedad. Es necesario simplificar los procedimientos para que más
explotaciones se beneficien de la ley sin enfrentar barreras administrativas.
Ø Falta de incentivos específicos: La ley carece de incentivos adicionales que motiven a las explotaciones a adoptar la titularidad compartida. Aunque ofrece beneficios como el acceso a recursos y protección social, no existen medidas específicas que hagan más atractiva la adopción de la titularidad compartida en comparación con el sistema tradicional de titular único. Sin incentivos adicionales (económicos, fiscales o de acceso prioritario a subvenciones), la adopción de la ley podría seguir siendo limitada.
La Ley 35/2011 es una política
con gran potencial para mejorar la igualdad de género en el ámbito rural, y sus
fortalezas radican en el reconocimiento legal del trabajo de las mujeres, el
acceso igualitario a recursos económicos y la promoción de la
corresponsabilidad familiar. Sin embargo, su escasa adopción, las barreras
culturales, la burocracia y la falta de incentivos específicos limitan su
impacto. Es fundamental abordar estas debilidades para maximizar los beneficios
de esta política y lograr una implementación efectiva en todo el país.
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